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En el Ministerio Público argumentan que la operación “de engaño y desprestigio” emprendida por Fuerza Popular es “la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios”.
El Ministerio Público de Perú amplió la investigación que lleva contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori, por presuntamente haber captado fondos ilegales tras los comicios generales de 2021 ganados por Pedro Castillo, recursos que fueron otorgados en medio de acusaciones, sin sustento, de un supuesto fraude electoral.
El miércoles varios medios accedieron a la disposición fiscal, en la cual se resolvió indagar sobre el presunto lavado de activos con el agravante de organización criminal contra Fujimori, otros dirigentes de Fuerza Popular (FP) y la contadora del partido.
🚨Fiscal José Domingo Pérez dispone ampliar investigación por lavado de activos contra Keiko Fujimori, Miki Torres, Luis Galarreta y otros dirigentes de Fuerza Popular por presuntamente haber captado fondos ilegales para la campaña del 2021 bajo la premisa del “Fraude Electoral”. pic.twitter.com/86rJpf0mSL
— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) August 9, 2023
En junio de 2021, Castillo venció a Fujimori en la segunda vuelta, pero la exparlamentaria denunció un supuesto fraude en las mesas de votación. Argüía que habían falsificado la identidad de algunos electores y las actas para favorecer al candidato de Perú Libre (PL).
“Esa campaña de engaño y desprestigio con el supuesto fraude es la fuente generadora de aportes sospechosos de diversos empresarios dedicados a las inmobiliarias y a los juegos de tragamonedas, así como la participación de abogados de los estudios jurídicos más reconocidos del país”, dijo el fiscal José Domingo Pérez.
En su descripción, Pérez sostuvo que FP “logró recaudar, recolectar o recibir un poco menos de dos millones de soles [alrededor de 542.000 dólares] en aportes en efectivo y en especie entre el 13 de marzo del 2021 y 30 de julio del 2021”.
Fallo del Constitucional
El Tribunal Constitucional (TC) declaró nula la propuesta legislativa para constituir una Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales de 2021, lanzada por el Congreso de la República para identificar irregularidades en los sufragios.
El TC concluyó que la moción del orden con la cual se autorizó la creación de esta comisión, no cumplió con la cantidad mínima de votos exigido por el reglamento del Parlamento (35 % del número legal de congresistas).
En un principio tenían los 46 votos que necesitaban, pero el legislador José Arriola cambió su opción por abstención. No obstante, continuaron sus labores y al final no presentaron ninguna prueba de fraude.
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