Salud

¿Quién decide si debe ponerse la vacuna contra el SARS-CoV-2 una persona incapacitada?

¿Qué dice la ley?

Una vez alcanzados los dieciocho años, los ciudadanos pueden, con independencia de su edad, optar por no vacunarse. Para ello, deben conservar plenamente la aptitud para ejercer los derechos y obligaciones de los que son titulares. A esto se le denomina capacidad de obrar (art. 322 Código Civil).

Por tanto, su despliegue (o, en su caso, privación) depende de la situación cognitiva y funcional en la que se encuentre cada sujeto. Esto difiere de la capacidad jurídica (que coincide con la personalidad y que es adquirida con el nacimiento y una vez producido por completo el desprendimiento del seno materno (art. 30 Código Civil).

Así pues, cuando una persona no puede autogobernarse, bien porque así lo haya hecho constar el facultativo en su informe, bien porque medie una sentencia de incapacitación dictada por un juez (arts. 199-201 Código Civil), ha de ser sustituida en sus actos jurídicos por un tercero.

Sin embargo, el alcance de este poder por esa tercera persona no es ilimitado ni absoluto. Así lo acota el art. 216 del Código Civil cuando dice que “Las funciones tutelares (…), se ejercerán en beneficio del tutelado y estarán bajo la salvaguarda de la autoridad judicial”.

Más precisamente, el art. 9.6  de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establece que, cuando el consentimiento sea otorgado por el representante o persona vinculada familiarmente o de hecho, “(…) la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente”. Es decir, la decisión no podrá apartarse de lo que, conforme a la evidencia científica de la que se disponga en cada momento e historial médico del incapaz, sea objetivamente mejor para preservar su vida o salud.

En caso de que ocurra lo contrario, esta ley exige que la situación se ponga en conocimiento del juez competente, directamente (quien tenga un interés legítimo, en este caso, a instancias de la residencia) o de oficio (a través del Ministerio Fiscal) para que, a la vista del informe médico forense, se resuelva.

Incluso, contempla que en caso de que sea imposible obtener la autorización judicial en tiempo y forma, el profesional sanitario pueda vacunar por motivos de urgencia, al encontrarse este bajo estado de necesidad u obrando en el cumplimiento de un deber (arts. 20.5 y 20.7 Código Penal).

En igual sentido lo regula el art. 6.1.d de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, al señalar que “En caso de que la decisión del representante legal sea contraria a los intereses del menor o incapacitado, los hechos habrán de ponerse en conocimiento de la autoridad competente en virtud de lo dispuesto en la legislación civil”.

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