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Modifican contrato de Pfizer para adquirir más vacunas y aplicarlas exclusivamente a menores de 12 a 17 años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras una reunión con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, los diputados ratificaron este lunes en una sesión extraordinaria la modificación al contrato con la farmacéutica Pfizer para sumarle la adquisición de dos millones más de vacunas contra el coronavirus por un costo adicional de US$24,001,380.00.

Antes de la aprobación, el presidente de la comisión permentante de salud de la Cámara de Diputados, Francisco Díaz, destacó que estos dos millones de vacunas serán utilizados exclusivamente para inocular a los dominicanos con edades comprendidas entre 12 y 17 años.

Hasta el momento, este grupo de dominicanos menores de edad no había sido incluido en ninguna de las fases del programa de vacunación elaborado por el Gabinete de Salud de la Presidencia, pero con esta adenda para traer más dosis de Pfizer se podrá inocular a niños y adolescentes previo al inicio presencial del año escolar.

Enfrentamiento entre diputados por falta entrega de vacunas de Pfizer

Mientras se debatía esta modificación al contrato, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, informó que los morados opositores no votan a favor de la adenda al convenio porque “Pfizer se ha burlado” de República Dominicana al incumplir con el acuerdo y no haber entregado aún las dosis negociadas en enero. Agregó que el convenio con esta farmacéutica “es irritante” porque no impone sanciones a la multinacional.

En ese sentido, el diputado José Horacio Rodríguez, del partido Alianza País, anunció que su militancia tampoco vota a favor de esta adenda por entender que “es injusto” que se le otorguen más fondos a Pfizer para traer más vacunas, cuando aún las primeras contratadas no han arribado al país.

Asimismo, el diputado Omar Fernández, quien fungió como la voz de la Fuerza del Pueblo, manifestó que el bloque de legisladores de su partido votará a favor de la adenda, pero sugirió a sus homólogos que los contratos que se reciban en el Congreso Nacional sean estudiados con más detenimiento para no repetir los retrasos de Pfizer en otros convenios.

En un discurso más contundente, la diputada Aida López, del Partido Liberal Reformista (PLR), criticó que sus homólogos rechacen la modificación al contrato, pero anuncien su voto a favor de la iniciativa, lo que calificó como “una incoherencia” de los congresistas y también solicitó que no se le otorgue más gracia a Pfizer por incumplir con las entregas y convenios.

Ante todos estos ataques, el diputado Julito Fulcar, vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), defendió al Gobierno aclarando que en la actualidad hay alta positividad de covid-19 y añadió que los legisladores que se negaron a votar por el pedimento “no quieren legislar a favor del pueblo” ni reconocer “la buena labor del Poder Ejecutivo” para enfrentar la pandemia.

Esta modificación al contrato para adquirir otros dos millones de vacunas ya fue aprobada de urgencia en la pasada sesión ordinaria del Senado de la República sin previo estudio ni análisis de comisiones.

Aunque era el único punto en la agenda de los diputados, parte del informe elaborado por la comisión de salud no fue leído ante el pleno porque, como explicó Alfredo Pacheco, esta documentación fue entregada tarde por la mesa de trabajo, por lo que se liberó de lectura en el hemiciclo y solo se conocieron las conclusiones del equipo que analizó el pedimento, como lo recomienda el artículo 85 de la Cámara Baja.

Esta modificación al contrato originalmente firmado y autorizado por los congresistas  aumentará a US$119,999,880 el monto que el país tendrá que pagar por un total de diez millones de dosis para combatir el coronavirus.

En ese orden, el contrato, como se mencionó, fue autorizado hace cuatro meses en la casa legislativa y estipula que la farmacéutica internacional no se hace responsable de ningún efecto secundario que pudiera causar la vacuna. También, se establece que República Dominicana no puede aplicar consecuencias legales en caso de retrasos en la entrega, como ha pasado en el país actualmente.

 

 



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