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Encaminada la privatización de WIPR a una organización sin fines de lucro



La Cámara de Representantes presentó ayer el proyecto que daría paso a que la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, operadora de WIPR, pase a manos de una organización sin fines de lucro.

El proyecto de la Cámara de Representantes 2564 establece la “Ley para autorizar la transferencia de los activos de la Corporación para la Difusión Pública a una organización sin fines de lucro” con el propósito de fortalecer su estructura organizacional en vías de una privatización con autonomía operacional.

No obstante, la gobernadora Wanda Vázquez en su mensaje del estado de situación del país y presupuesto salió a la defensa de WIPR y se opuso a la privatización.

“Yo me he mantenido y me mantendré firme en defensa de la WIPR, pero la Junta exige su privatización. En cambio, nuestros esfuerzos no están dirigidos a entregar y mucho menos de regalar, uno de nuestros activos más valiosos”, indicó la mandataria.

“Los invito en conjunto a los artistas, empleados y todos los que creemos en WIPR a que la defendamos creando nueva legislación con más poderes y más flexibilización en su gestión para generar ingresos propios, mientras preservamos en manos del pueblo sus activos”, agregó..

En abril, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que no asignará más dinero a la corporación pública a menos que se aprobará por ley su privatización en las próximas semanas y lo reflejó en su plan fiscal. El plazo que otorgó la JSF en ese momento fue de dos semanas para que WIPR pudiera operar.

“La (JSF) requiere la implementación inmediata del plan para privatizar WIPR como requiere el plan fiscal certificado del gobierno central. La falta de progreso en este menester viola los requisitos establecidos en el plan fiscal certificado y la visión divulgada públicamente por el gobierno de Puerto Rico en torno a un sistema de transmisión radio y televisión transformado”, escribió la directora ejecutiva, Natalie Jaresko en su comunicación de abril.

A esos efectos, representantes de la mayoría novoprogresista presentaron el proyecto que fue sometido ante las comisiones de Gobierno, Educación y Arte y Cultura.

El proyecto estipula que WIPR peligra en sus operaciones y “la Junta de Supervisión Fiscal ha ordenado, en virtud de la Ley Promesa y del Plan Fiscal Certificado, como la Corporación para la Difusión Pública (la “Corporación”), a la cual se le transferirán los activos de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. El propósito de esta transferencia es que la Corporación pueda adoptar estrategias para modificar, revisar o eliminar prácticas, políticas o procedimientos que afecten la calidad del servicio ofrecido e implementar prácticas e ideas novedosas para garantizar una difusión pública más eficiente”, reza la pieza legislativa.

El proyecto considera varias enmiendas a las actuales leyes que cobijan la corporación pública como lo son la “Ley del fondo ‘Lucy Boscana’ de producción de telenovelas, Mminiseries y unitarios”, la “Ley del fondo especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública de Puerto Rico”; entre otras.

Tendría una nueva Junta de Directores

Del proyecto convertirse en ley, se establecería que la organización sin fines de lucro se conocerá como la Corporación para la Difusión Pública, a la cual se le transferirán los activos de WIPR. Esa corporación contará con una nueva Junta de Directores independiente.

“La Junta de Directores independiente le permitirá a la corporación operar de manera más eficiente y con continuidad evitando la intromisión de influencia político-partidista cada año de elecciones”, propone el proyecto.

La Junta de Directores deberá ser conformada inicialmente por cuatro miembros del sector privado y uno nombrado por el gobernador de Puerto Rico. Además, crearían una Junta Asesora responsable de asesorar sobre “la programación y las políticas de las estaciones”.

El otro cambio sería que la oficina de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), o a la persona designada estará a cargo de llevar a cabo todos los actos necesarios para organizar e incorporar la corporación. La entidad no será considerada para fin alguno como un departamento, agencia, corporación pública, instrumentalidad, dependencia o subdivisión del Gobierno de Puerto Rico.

La pieza legislativa contempla que las señales de radio y televisión continúen la programación con contenido que definen “para beneficio del pueblo”, pero no detalla tópicos específicos más allá de establecer que la “difusión pública debe enfocarse en el desarrollo de la educación, cultura, arte, ciencias y comunidad en Puerto Rico”, reza el proyecto.

El proyecto también dispone que la Corporación no puede incurrir en gastos o comprometer fondos en exceso del total de ingresos anticipados durante un año fiscal.

“A partir del año fiscal 2020-2021, de la Comisión Federal de Comunicaciones aprobar la transferencia de los activos, total o parcialmente, de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública a la Corporación, el Gobierno de Puerto Rico asignará anualmente a la Corporación $1 millón para cubrir los gastos y las actividades de la Corporación”, estipula la pieza legislativa que detalla además otros fondos para la operación del taller dramático.

¿Qué pasaría con los empleados?

El proyecto recomienda el reclutamiento prioritario a los actuales empleados de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

Según el documento de 28 páginas los empleados que no sean reclutados por la nueva corporación serán reubicados o transferidos a otras entidades gubernamentales, conforme al concepto de movilidad de la Ley para la Administración y Transferencia de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, enmendada en el 2017.

Los empleados transferidos a otras entidades gubernamentales conservarán sus derechos adquiridos conforme a las leyes.

“Los empleados de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública que no sean reclutados o que no acepten una oferta de empleo en la Corporación no serán despedidos ni perderán beneficios como consecuencia de la aprobación de esta Ley”, estipula el proyecto de ley, que también contempla que se diseñen renuncias voluntarias incentivadas para los que no sean reclutados.

El pasado 21 mayo varios empleados WIPR protestan contra la privatización del canal frente al Capitolio.


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